Afro-Colombian News

Carta al Presidente Juan Manuel Santos a diecisiete años de la promulgación de la Ley 70 de 1993

Agosto 27 de 2010.


Carta al Presidente Juan Manuel Santos a diecisiete años de la promulgación de la Ley 70 de 1993.

Apreciado Sr. Presidente Juan Manuel Santos:

Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico y de las culturas afrocolombianas. Provenimos de distintas partes del mundo y áreas del saber, pero nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas y sobre la biodiversidad. Le escribimos para comunicarle nuestra preocupación y para hacer un llamado a que su gobierno desarrolle una política integral para el Pacífico que aborde estos problemas de manera expedita y constructiva.

La década de los noventa fue de fundamental importancia para el Territorio Región del Pacífico y para los derechos de las comunidades negras. Esta década fue marcada por dos hitos de especial trascendencia: el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 y la expedición de de la Ley 70 de 1993 en ese marco; y el surgimiento de una conciencia generalizada del valor de la región Pacífica en términos de diversidad biológica y cultural, tanto para el país como para el planeta. Son destacables también las políticas de conservación de la biodiversidad y de desarrollo sostenible implementadas por el gobierno, y la participación crucial de las organizaciones étnico-territoriales de la región en la formulación e implementación de estas políticas.

Tristemente, la situación ha sido muy distinta durante la última década, que ha visto un marcado incremento del ritmo de destrucción del bosque húmedo tropical, por un lado, y de vulneración de los derechos de los afrodescendientes en todo el país, por el otro. En el Pacífico, esto se ha debido a una serie de factores, incluyendo las actividades extractivas, el conflicto armado que se extendió a lo largo y ancho del Territorio Región a partir de 1996, las estrategias convencionales de desarrollo, las políticas que terminaron convirtiéndose en amenazas para los territorios, la biodiversidad y las culturas, y el avance del cultivo de la coca para fines ilícitos. Entre los problemas más importantes asociados con estas causas están:

• el aumento de concesiones mineras y de la minería de oro con retroexcavadoras en muchos de los territorios;
• la fumigación de territorios enteros -verdadera forma de guerra química y biológica- la cual, lejos de controlar la expansión de la coca, acaba con los cultivos alimenticios tradicionales de la población local y envenena los ríos;
• la militarización de muchos territorios como respuesta a la presencia de actores armados, que con frecuencia conlleva la represión de las organizaciones locales;
• los macro-proyectos de desarrollo, tales como la promoción de la palma aceitera para la producción de agrocombustibles, la expansión de puertos y la construcción de poliductos y carreteras –como Ánimas - Nuquí o la Transversal de Las Américas–, la mayoría de ellos sin la requerida consulta previa con la población afectada y sin muchas garantías de que los impactos sociales, ambientales y culturales serán mitigados, compensados y reparados;
• las constantes amenazas a líderes y activistas locales, incluyendo masacres y asesinatos, principalmente por grupos paramilitares e insurgentes;
• la frecuente complicidad de las agencias del Estado con los abusos y destrucción ambiental perpetrados por muchos de los grupos antes mencionados.

Estos procesos han causado desplazamiento masivo de los territorios colectivos y ancestrales, el confinamiento y utilización de la población como escudos humanos, la destrucción del sustento de la población, la pérdida de sus territorios, la desarticulación de las organizaciones locales, y la violación de tratados internacionales de los derechos humanos y culturales de activistas y comunidades. El efecto acumulado de estas consecuencias es de tal envergadura que pueden ser caracterizadas como crímenes de lesa humanidad, ecocidio y etnocidio. Todo esto se ve agravado por la falta de atención por parte del gobierno a estos problemas y por la impunidad de la mayoría de estos hechos.

Lo anterior significa que los importantes avances logrados por muchas de las comunidades a partir de la Ley 70 están siendo desmantelados rápidamente, muchas veces mediante el uso de la fuerza y medidas administrativas arbitrarias en contradicción con la Constitución, la Ley 70, el Auto 005 del 2009 de la Corte Constitucional, y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. En años recientes, la situación ha alcanzado dimensiones críticas en muchas aéreas del Pacifico sur y norte, así como en el Norte del Cauca, como en los casos de la comunidad afrodescendiente de La Toma en el municipio de Suárez y de las comunidades del Consejo Comunitario de COPDICONC –antiguo palenque El Castigo –, o en los ríos San Juan, Baudó, Atrato, Mira, Tapaje, Satinga, Patía y Naya, entre otros muchos. Estas comunidades, que viven en algunos de los territorios más antiguos y emblemáticos de afrodescendientes libres en las Américas, están siendo amenazadas y desplazadas por actores nacionales e internacionales interesados en sacar el oro y demás recursos de sus territorios, así como por actores armados de diverso tipo.


Pensamos que esta situación requiere de acciones en múltiples frentes:

• en lo cultural, para garantizar las condiciones para el ejercicio de la identidad y las prácticas culturales de las comunidades negras e indígenas;
• en lo social, para asegurar el respeto de los derechos de las comunidades, incluyendo el derecho a sus territorios;
• a nivel político, para la protección de las organizaciones étnico-territoriales, la integridad de la vida de sus líderes, y el fortalecimiento de las formas de gobierno propias de las comunidades;
• en lo ecológico, para disminuir la pérdida de la biodiversidad y la deforestación de la selva y los manglares y restaurar la integridad ecosistémica del Territorio Región. Esto incluye el derecho de las comunidades a un desarrollo ecológico y culturalmente apropiado y sostenible.
• en lo judicial, para asegurar el acceso a la justicia y garantizar la no impunidad, el derecho a la verdad, la reparación a estas comunidades, y la no repetición de crímenes y violaciones.

Creemos necesario un cambio sustancial en la política de Estado y una nueva ronda de atención sobre el Pacífico similar a la que tuvo lugar en la década de los noventa, cuando esa región fue descubierta como uno de las áreas de mayor diversidad biológica en el planeta. Hacemos un llamado para que su gobierno desarrolle una estrategia especial e integral por el Territorio Región del Pacifico y áreas críticas de población afrodescendiente, capaz de detener las tendencias actuales y destructivas de la diversidad biológica y cultural, y de devolver al Territorio Región –y al país– el sentido de que otro desarrollo es posible. Insistimos en que, al igual que en los noventa, esta estrategia se diseñe con la participación de las comunidades y sus organizaciones. Esta debe ser una participación real de las comunidades de base y organizaciones más representativas, no de grupos acomodados y manipulados que solo persiguen sus propios intereses, como desafortunadamente ha sido el caso durante los últimos ocho años. Solo de esta manera puede garantizarse el éxito de tan importante proyecto social, cultural, político y ecológico.

Le manifestamos nuestros mejores deseos para su labor como Presidente durante el cuatrienio que apenas comienza.

Muy atentamente,

Firmado (en orden alfabético):

Mauricio Adarve, Antropólogo

Adolfo Albán Achinte, Profesor Departamento de Estudios Interculturales, Universidad del Cauca

Tatiana Alfonso, Estudiante de doctorado de sociología, Universidad de Wisconsin-Madison

M. Gonzalo Andrade C., Profesor Asociado, ICN, Asesor Vicerrector de Investigación, Universidad Nacional de Colombia

Juan Ricardo Aparicio Cuervo, Profesor Asistente, Universidad de los Andes

Jaime Arocha Rodríguez, Profesor de Antropología y Director, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Kiran Asher, Profesora de Estudios Internacionales y Estudios de la Mujer, Universidad de Clark, Worcester, Massachusetts

Anthony Bebbington, Profesor de Geografía, Universidad de Clark, Massachusetts

Mario Blaser, Profesor de Antropología, Universidad Memorial de Newfoundland, Canadá

Marisol de la Cadena, Profesora de Antropología, Universidad de California, Davis

Juana Camacho, Antropóloga, Universidad de Georgia

Roosebelinda Cárdenas, Candidata a doctorado en Antropología, Universidad de California, Sana Cruz

Camilo Castellanos, Abogado, Fedes

Miriam Cotes Benítez, Consultora independiente en el área de comunicación y educación. Medellin

Esperanza Ceron Villaquirán, Medica y Consultora Independiente, Cali

Gustavo de Roux, Consultor independiente, Cali

Rafael Diaz, Historiador, Universidad Javeriana, Bogotá

Arturo Escobar, Profesor de Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill

Ann Farnsworth-Alvear. Associate Professor of History at the University of Pennsylvania

Margarita Flórez, Investigadora temas ambientales y étnicos, Bogotá

Juliana Flórez, Profesora de Psicología, Universidad Javeriana

Ramón Grosfogel, Profesor de Estudios Étnicos, Universidad de California, Berkeley

Oscar Guardiola-Rivera, Escritor y Profesor de Derecho Internacional, Birkbeck College, Universidad de Londres

Eduardo Gudynas, Director, CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Montevideo

Ernesto Guhl Nannetti, Director, Instituto para el Desarrollo Sostenible QUINAXI

Charles Hale, Profesor de Antropología, Universidad de Texas, Austin

Julianne Hazlewood, Investigadora, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Irlanda, Galway, Irlanda

Denise Humphreys Bebbington, Investigadora, Escuela para el Desarrollo y Medio Ambiente, Universidad de Manchester

Søren Hvalkof, Directivo Fundación Solsticio y Asesor Sénior, Rainforest Foundation Norway

Gladys Jimeno, Consultora independiente

Joseph Jordan, Director, Centro de Cultura e Historia Negras y profesor de Estudios Afroamericanos, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill

Sara Koopman, Candidata de Doctorado en Geografia, Universidad de British Columbia, Vancouver, Canada

Yukyan Lam, Abogada, Bogotá

Agustín Laó Montes, Profesor de Sociología y Estudios Afroamericanos, Universidad de Massachusetts, Amherst.

Claudia Leal, Profesora Departamento de Historia, Universidad de los Andes

Enrique Leff, Profesor de Ecología Política, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

David López Rodríguez, Antropólogo

Lars Lovold, Director, Rainforest Foundation Norway

Betty Ruth Lozano, Consultora independiente, Cali

Martha Luz Machado, National Institute for the Study of Dutch Slavery and Its Legacy, NiNSEE. Candidata a docatorado de la Universidad de Amsterdam

Nelson Maldonado Torres, Presidente de la Asociación Caribeña de Filosofía y Profesor de Estudios Latinos y del Caribe, Universidad de Rutgers, Nueva Jersey

Joan Martínez Alier, Economista ecológico, Universidad Autónoma de Barcelona

María Isabel Mena, Profesora, Departamento de Historia, Universidad Distrital

Joaquín Molano Barrero, Geógrafo, Universidad Nacional de Colombia

Alfredo Molano Bravo, Sociólogo y Periodista, Colombia

César Monje, Investigador de Doctorado, Grupo de Estudios de América Latina, Universidad Autónoma de Madrid, España

Jaime Moreno Quijano, Ambientalista, Escuela Superior de Administración Pública

Claudia Mosquera Rosero-Labbé, Profesora, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Martha Cecilia Navarro Valencia, Antropóloga Ph.D, España

Angélica María Ocampo Talero, Profesora, Facultad de Psicología Universidad Javeriana, Candidata a doctorado en Development Studies, International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam, Holanda

Oscar Olarte Reyes, Escritor, Colombia

Natalia Orduz, Abogada, Bogotá

Ulrich Oslender, Profesor de Geografía, Universidad Internacional de la Florida, Miami

Alejandro Parellada, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, Copenhague, Dinamarca

Adriana Elisa Parra-Fox, Departamento de Geografía, Universidad de California, Davis

Tianna Paschel, Candidata a doctorado en Sociología, Universidad de California, Berkeley, y Con-fundadora, Grupo de Trabajo Afro-Latino

Alvaro Pedrosa, Diseñador ambiental, Profesor Universidad del Valle, Cali

Michael Birenbaum Quintero, Profesor de Música, Bowdoin College, Brunswick, Maine, USA

Joanne Rappaport, Profesora de Literatura y Antropología, Universidad de Georgetown, Washington

Eduardo Restrepo, Instituto de Estudios Sociales y Culturales, PENSAR, Universidad Javeriana

Jaime Rivas Díaz, Consultor independiente

Tatiana Roa Avendaño, Ambientalista, Censat Agua Viva

Manuel Rodríguez Becerra, Profesor Facultad de Administración, Universidad de los Andes y Presidente, Foro Nacional Ambiental

César Rodríguez Garavito, Director, Observatorio de Discriminación Racial, Colombia

Cristina Rojas, Profesora Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá

Jeanette Rojas, Consultora social independiente, Cali

María del Rosario Rojas, Bióloga y Ambientalista, Universidad Nacional de Colombia

Amanda Romero, Consultora y Candidata a doctorado en Educación, Universidad Pedagógica Nacional

Rocío Rueda Ortiz, Profesora Doctorado en Educación, Universidad Pedagógica Nacional

Jhon Antón Sánchez, Doctor en Ciencias Sociales, Profesor e Investigador, FLACSO, Sede Ecuador

Luz Marina Suaza Vargas, Grupo de investigación en educación y cultura política de la Universidad Pedagogica Nacional, Docente de la Universidad Iberoamericana

Michael Taussig, Profesor de Antropología, Universidad de Columbia

Astrid Ulloa, Profesora, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Peter Wade, Profesor de Antropología, Universidad de Manchester

Tukufu Zuberi, Profesor de Sociología y Director, Centro de Estudias de Africanía, Universidad de Pennsylvania, Philadelphia


Cc : Dr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República
Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior y de Justicia

La Toma por el oro

Por Laura Rico
Creado 08/21/2010 - 22:07
Todo el país está en búsqueda de oro, y el Cauca no es la excepción. En el municipio de Suárez, en Cauca, se están dando las más duras peleas entre las comunidades locales que viven de la minería artesanal y los privados y multinacionales que quieren explotar el oro con sus grandes maquinarias.
http://www.lasillavacia.com/historia/17457

Afro-Colombian Community Faces Eviction To Make Way For Gold Exploration
An Afro-descendant community in northern Colombia is in danger of being displaced to make way for gold exploration, according to reports from Washington-based advocacy organizations.
http://latindispatch.com/2010/08/23/afro-colombian-community-faces-eviction-to-make-way-for-gold-exploration/

Sign the petition in defense of Afro-Colombian artisan miners of La Toma
http://afrodescendientes.com/latoma/?page_id=70

Documentary Project: 5000 people to be evicted over gold war
http://media.causes.com/ribbon/876438

Ley 70 y Resolución 1224
Por: Jaime Arocha
LA LLAMAN "LEY DE NEGRITUDES", le correspondió el número 70 de 1993 y le dio vida al Artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991, el cual reconoció los derechos territoriales, políticos, educativos y ambientales por los cuales habían luchado las organizaciones de los pueblos afrocolombianos, dentro de la persistente pugna a favor de una ciudadanía igualitaria, pero autónoma.
http://www.elespectador.com/columna-220638-ley-70-y-resolucion-1224

EL Proceso de Comunidades Negras (PCN) denuncia la negligencia del Gobierno Colombiano para garantizar la seguridad de lideres y lideresas Afrocolombianos en La Toma, Norte del Cauca

La decisión del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Minas y Energía e INGEOMINAS, de entregar 35 permisos de explotación minera en la región de Suárez y Buenos Aires a foráneos, entre las que se encuentran concesiones a las multinacionales Anglo Gold Ashanti y Cosigo Resort y las 99.4 hectáreas concedidas al señor Sarria, violando el derecho de las comunidades a la Consulta Previa con consentimiento previo, libre e informado como lo demanda el Convenio 169 de la OIT, la Constitución y la Ley 70 de 1993, ha aumentado ostensiblemente el riesgo de las comunidades y sus lideres de ser agredidas y amenazadas por defender sus derechos.
Lea el comunicado completo en http://www.afrocolombians.com/pdfs/LaToma-PCN-comunicado-Julio292010-1.pdf

The Black Communities Process (PCN) denounces the Colombian governments’ failure to guarantee the security of Afro-Colombian leaders in La Toma, Northern Cauca

The decision of the national government, in the head of the Ministry of Mines and Energy and INGEOMINAS, to approve 35 mining licenses to foreigners in the region of Suarez and Buenos Aires, which included concessions to multinational corporations such Anglo Gold Ashantio and Cosigo Resort, and the 99.4 hectares to Mr. Sarria, in violation of the right of these communities to the Previous Consultation, with free and informed prior consent as mandated by ILO Convention 169, the Colombian constitution, and Law 70 of 1993, has increased ostensibly the risk of such communities and their leaders to aggressions and death threats for defending their rights.

Read more at http://www.afrocolombians.com/pdfs/LaToma-PCNstatement-July292010.pdf

Memorando de NASGACC cerca del caso de los territorios Afro-Colombianos usurpados por companias de palma aceitera de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó, Colombia)

(Link to original in English below)

Para: Miembros y sus Ayudantes sobre la Política Extranjera, Cauces de Congresistas Afro-Americanos de los Estados Unidos

De parte de: Gimena Sanchez, WOLA; Kelly Nicholls, USOC; Charo Mina Rojas y Marino Cordoba, AFRODES USA; Ajamu Dillahunt, NASGACC; Carlos Quesada, Global Rights; Nicole Lee, TranAfrica Forum; Arturo Escobar, UNC; Roland Roebuck, NASGACC y James Vondracek, Chicago Religious Leadership Network (CRLN).

RE: Desarrollos re: caso de usurpación ilegal de tierras por los paramilitares y las compañías de aceite de palma en los territorios Afro-Colombianos de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó, Colombia)

Fecha: 25 Mayo 2010

Te escribimos hoy para informarte de dos desarrollos positivos en las regiones Afro-Colombianas de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) en el noreste de Colombia, para expresar nuestra preocupación con las nuevas amenazas hechas contra líderes de grupos Afro-Colombianos y de personas desplazados internamente y también contra las organizaciones de derechos humanos que soportan estos grupos, y para hacer recomendaciones sobre las diferentes maneras que puedes ayudar a proteger y soportar los derechos territoriales de gente Afro-Colombiana.

En Septiembre del 2009, German Marmolejo fue elegido como el nuevo representante legal del Consejo de la Comunidad de la Cuenca del Rió Curvaradó bajo de circunstancias cuestionables, como muestran los dos documentos anexados, uno de la Comunidad Camelia en Curvaradó y otro de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Bajo Atrato (ASCOBA). A pesar de las protestas que lanzaron los residentes de la comunidad que viven en esos territorios, el Ministerio de la Justicia y del Interior de Colombia todavía reconoció German Marmolego como el represéntate de el Consejo legítimamente elegido y planeaba regresar 25.000 hectáreas de tierra que fue usurpado por grupos paramilitar violentamente y ilegalmente a Señor Marmolego el 19 de Mayo (le semana pasada).

Al alivio de las comunidades de Curvaradó y la ONG Colombiana, Justicia y Paz, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo el 18 de Mayo que evita el regreso de tierra en la regiones de Curvaradó y Jiguamiandó por el Ministro del Interior hasta que se pueda determinar los residentes ancestrales de la tierra y hasta que nuevas elecciones para el Consejo de la Comunidad se puedan conducir en Agosto del 2010.

En otro desarrollo relativo y muy positivo, el Procurador General de Colombia emitió órdenes de detención para 24 empresarios de pala aceitera en cargos de apropiación ilegal de tierra, desplazamiento obligado, conspiración para cometer crímenes, falsificación de documentos públicos, violaciones de regulaciones ambientales, y amenazas contra las personas que trabajan en resolver estos tipos de casos.

La red de los Estados Unidos que apoya las comunidades Afro-Colombianas (NASGACC) esta muy agradecido a la Embajada de los Estados Unidos por su respuesta rapida en esta y otro situaciones de emergencia y también por su constante apoyo por los derechos de las comunidades desplazados internamente en Curvaradó y Jiguamiandó.

Aunque vemos estas ocurrencias nuevas como muy positivas y útil en asegurar protección inmediatamente para los residentes de Curvaradó y Jiguamiandó, continuamos a estar extremadamente preocupados por la seguridad personal de los miembros de estas comunidades y por la seguridad de los ONGs Colombianas que trabajan cercanamente con ellos, en particular la ONG Justicia y Paz. Dada su larga historia en condenando la corrupción que existe dentro de las empresas de aceite de palma que operan dentro del región y sus allegados vínculos con grupos paramilitar, Justicia y Paz cree, con mucha razón, que los desarrollos recientes los va convertir a ellos y a las comunidades que ellos defienden en un objetivo mas grande para ataques legales y fiscales. Enrique Petro, un líder de la comunidad en la región de Curvaradó, quien visito a los Estados Unidos en Diciembre del 2006 para participar en una junta organizado por la oficina del disputado Donald Payne (NJ), es un líder de una comunidad de gente desplazada internamente que esta bajo de mucho peligro. Justicia y Paz ha recibido información que asesinos han estado pagados para matar a Enrique Petro por su colaboración con organizaciones de derechos humanos dentro del país y por todo el mundo. De acuerdo con una acción urgente que emitió la organización Amnistía Internacional, “el informante dijo que los paramilitares han acusado Enrique Petro de promover la visita de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a la región para supervisar las violaciones de derechos humanos relacionados con el desarrollo masivo de las plantaciones de palma Africana en la zona.”[1] Señor Petro ha sido instrumental en ayudar las comunidades desplazadas regresar a sus tierras ancestrales y en el desarrollo de mecanismos de autoprotección como la creación de una zona humanitaria de biodiversidad para ayudar proteger a estas personas que están regresando a sus tierras en medio de un conflicto violento.

Adicionalmente, estamos preocupados por los tácticos perturbadores que están siendo empleados para desacreditar los dueños legítimos de estos territorios y los defensores de derechos humanos que soportan sus esfuerzos. Un grupo en particular llamado La Diaspora ha empezado una campana global para desacreditar los. La campana incluye la distribución internacional de información que acusa los miembros de estas comunidades y de Justicia y Paz de tener vínculos con el FARC y que acusa la organización independiente Brigadas de Paz Internacional de participar en el tráfico de drogas. Esto pone las vidas de todos los involucrados en mucho peligro. El represéntate de La Diaspora, German Marmolejo, ha proporcionado WOLA con varios documentos y videos que reiteraran estos reclamos falsos. El 26 Marzo 2010, WOLA, USOC, LAWG, y otros ONGs de los Estados Unidos organizaron un evento sobre la impunidad en Choco en cual Danilo Rueda presento. Antes de este evento, en el 21 de Marzo, La Diaspora envió un correo electrónico en Colombia y en los Estados Unidos diciendo que los miembros de Justicia y Paz son los representares políticos, comunicadores, y legales de los terroristas del FARC. Adicionalmente, en Mayo, graffiti diciendo que Justicia y Paz era un grupo terrorista y llamando por acción nacional contra el “sacerdote marxista”, Padre Javier Giraldo, fue encontrado por todas partes de Bogota. Tal actividad y tal declaraciones son lo que dan inspiración y causan amenazas de muerte contra miembros de Justicia y Paz y las organizaciones que soportan su trabajo.

Tenemos tres recomendaciones para los políticos de los Estados Unidos:
Comunica al gobierno de Colombia la importancia de la garantiza de la seguridad física de las comunidades y organizaciones afectadas por la decisiones de la Corte Constitucional hecho el 18 de Mayo sobre la situación territorial de Curvaradó y bajo de amenazas después de las ordenes de arresto de 24 empresarios de la palma aceitera;
Expresa su suporte por la decisión de la Corte Constitucional de Colombia sobre el bloque temporal que pusieron en la tierra de Curvaradó y Jiguamiandó y por un censo preciso y nuevas elecciones para el Consejo de la Comunidad.
Pedir que las autoridades Colombianas tomen medidas audaces en el desmantelamiento de las estructuras operativas (militar, económico, y social) de las redes criminales paramilitares (Aguilas Negras y Auto-Defensas Gaitanistas) que operan el la región del Rió Bajo Atrato.

Por más información, favor de contactar a Gimena Sánchez, WOLA por coreo electrónico a gsanchez@wola.org o por teléfono a (202) 797-2171.

Englis version at http://www.afrocolombians.com/pdfs/ToCBC-NASGACC-ASCOBA-May2010.pdf

Far Worse Than Watergate: Report Reveals Widening Scandal Regarding Intelligence Agency as New Government Takes Office in Colombia

The Huffington Post

June 18, 2010

Far Worse Than Watergate: Report Reveals Widening Scandal Regarding Intelligence Agency as New Government Takes Office in Colombia

As Colombians prepare to elect a new president on Sunday, a new report reveals the shocking details of the Colombian intelligence agency's Watergate-like scandal, which went well beyond illegally spying on key players in the country's democracy. The Department of Administrative Security (DAS), Colombia's intelligence agency, actually orchestrated active efforts to sabotage the activities of Colombian judges, journalists, human rights defenders, international organizations and political opponents.

The authors of Far Worse than Watergate, the U.S. Office on Colombia, the Latin America Working Group Education Fund, the Center for International Policy and the Washington Office on Latin America, reviewed hundreds of pages of documents from the Colombian Attorney General and other sources, revealing how the DAS developed elaborate defamation campaigns -- with titles like "Operation Halloween"-- to destabilize NGOs, create divisions within opposition movements, fabricate false ties to guerrilla groups to ruin defenders' reputations, and undermine the Inter-American Commission on Human Rights. According to the UN High Commissioner for Human Rights, the DAS was even behind grotesque threats issued to a human rights defender and a journalist -- and their daughters.

The scandal highlights the need to clean up Colombian intelligence operations. To maintain credibility, Colombia's next president -- to be elected on June 20th -- will have to address the dirty tricks, death threats and sabotage efforts against numerous defenders of democracy in Colombia. The new president should also take steps to remove the capacity of the President and his advisors to order intelligence operations without safeguards and oversight. In order to avoid repeat offenses and a politicization of intelligence, the Colombian Congress should be encouraged to exert oversight. The Colombian government must demonstrate that security does not come at the cost of fundamental freedoms.

But U.S. policymakers have cause for concern as well. Did the United States fund these illegal efforts, and in so doing endanger important human rights proponents and political actors? According to U.S. Ambassador to Colombia William Brownfield, the United States has supplied surveillance equipment to the DAS, although he has claimed it was not used for illegal purposes. But we can not rest assured. During the trial of former DAS director Jorge Noguera, a detective testified that he had been part of a U.S.-funded special unit that apparently tracked union activities. The U.S. Congress appropriately responded to this Watergate-like scandal by including a prohibition of funding for the DAS in the FY2010 foreign operations bill. This is a vital first step. But the same prohibition must be included in defense and intelligence appropriation bills. Congress must investigate whether or not U.S. training and equipment were used for the sinister purpose of undermining the work of legitimate political actors. And most importantly, the U.S. government must establish guarantees to ensure that U.S. taxpayer dollars are never used for criminal ends.


By: Kelly Nicholls, U.S. Office on Colombia, Lisa Haugaard, Latin America Working Group Education Fund, Abigail Poe, Center for International Policy and Gimena Sanchez, Washington Office on Latin America.

Complete report at http://www.wola.org/media/COLOMBIA/Far%20Worse%20than%20Watergate.pdf

NASGACC demands better results from the Colombian Government to protect Afro-descendant, Indigenous and women leaders

(English and Spanish)

To: The Colombian Government, the UN High Commissioner for Human Rights, the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, the UN Special Rapporteur on Violence against Women, and the UN Independent Expert on Minority Issues, as well as the IACHR Special Rapporteur on the rights of women, the IACHR Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, the IACHR Special Rapporteur on the Rights of Afro-Descendants and against Racial Discrimination, and the IACHR Special Rapporteur on Colombia, and the United States Congress.

From: Human Rights Organizations and the Network for Advocacy in Solidarity with Grassroots Afro-Colombian Communities (NASGACC)

Rampant violations of human rights and impunity towards these violations continue. The Colombian government has not taken the necessary measures to investigate and end the hostility towards Afro-descendants, indigenous people and women leaders, who are solely defending their human rights.

The majority of organizations and people that defend human rights in Colombia are constantly under the threat of death by paramilitary groups like the “Aguilas Negras”, “Los Rastrojos,” “Los Rastrojos – Nueva Generacion,”, “Autodefensas Gaitanistas” and others. Read more at http://www.afrocolombians.com/pdfs/death-threatsJune2010.pdf

Para: El Gobierno Colombiano; al Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Relatora Especial sobre los derechos de los Defensores de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer y la Experta Independiente para asuntos de las Minorías, de Naciones Unidas; el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el Relator Especial sobre los Derechos de los Afrodescendientes y en contra de la Discriminación Racial y la Relatora para Colombia, de la CIDH y al Congreso de los Estados Unidos.

De: Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y la Red de Solidaridad y Cabildeo con Comunidades de Base Afro-Colombianas (NASGACC)

La violación a los derechos humanos y la impunidad continúan rampantes. El Gobierno Colombiano no ha tomado medidas eficaces para investigar y acabar con el hostigamiento a Afrodescendientes, Indígenas y mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos

La mayoría de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Colombia se mantienen bajo amenaza de muerte de los grupos paramilitares, “Las Aguilas Negras”, “Los Rastrojos”, “Los Rastrojos-Nueva Generación”, “Autodefensas Gaitanistas” y otros. Lea la version completa en http://www.afrocolombians.com/pdfs/Comunicado-Amenazas-Junio2010.pdf

Afro-Colombian organizations report on US human rights violations

The Black Community Process -PCN and AFRODES USA submitted a report to the UN Human Rights Committee for the Universal Periodic Review (UPR) of the United States compliance with international human rights standards, with the endorsement of organizations member of NASGACC, and other in solidarity with Afro-Colombian struggle.

The Universal Periodic Review (UPR) is a very unique process, created in 2006 through the UN General Assemble, to review the human rights records of all 192 UN Member States once every four years. “The UPR is a State-driven process, under the auspices of the Human Rights Council, which provides the opportunity for each State to declare what actions they have taken to improve the human rights situations in their countries and to fulfill their human rights obligations.” (UNHRC). It is a mechanism that aims to remind States of their responsibilities with international human rights standards, address human rights violations and improve the human rights situation in all countries.

This is the first time that the United States will be evaluated in its human rights obligations. Several NGOs in the US submitted their reports on issues such labor and employment, gender, health, housing, immigration, political represion, international policies and others. Only the US Human Rights Network (USHRN) submitted a compilation of 24 reports.

The submission by PCN and AFRODES USA focused on the impact of the US policies Plan Colombia and Free Trade Agreement (FTA) on Afro-descendant economic, social and cultural rights. This is a unique opportunity for the Afro-descendant organizations to address the implications of the US policies toward Colombia in the serious violations of Afro-Colombian human rights, before the UN Humans Rights Council, make specific recommendations to modify such policies, and hold the country accountable for its failures on ensuring respect and implementation of those rights.

The UN’s first UPR of the US is schedule to take place on December 20th, 2010.

To read the complete report go to:
http://www.afrocolombians.com/pdfs/PCN-AFRODESUSAjointSubmission-US-April2010.pdf

For a USHRN summary of the reports go to: http://www.ushrnetwork.org/sites/default/files/_USHRN_Overarching_UPR_Report.pdf

Also find individual reports at: http://www.ushrnetwork.org/campaign_upr

Human Rights Organizations exhort Exhort US Embassy to call Colombians Attention on Human Rights Violations

In April 10, the paramilitary group “Los Rastrojos – Comandos Urbanos” sent
death threats to more than 60 Colombian human rights organizations and individuals and international human rights organizations.

The International Campaign for the Right to Defend Human Rights, leaded by organizations such USOC, WOLA and the Center for International Policy, prompt US Ambassador William Brownfield to urge Colombian government immediate action, and to monitor closely the Colombian government's efforts to address the situation. "Continuing impunity in these cases should be seriously considered when deciding whether to certify compliance with the human rights conditions in appropriations legislation, especial relating to human rights defenders." say in their letter the organizations.

The letter was signed by, Lutheran World Relief, Latin America Working Group (LAWG), Human Rights First and AFRODE USA among others.

Read the letter at http://www.afrocolombians.com/pdfs/LetterToUSEmbassy-RastrojosThreats-42010.pdf

Statement by the United Nations Independent Expert on Minority Issues, on her visit to Colombia

On February 2010, the United Nations Independent expert on minority issues, Ms. Gay McDougall, visit Colombia, after several years looking for an official invitation by the government.

In a statement issued after her visit, the Independent Expert said that "Colombia has an impressive and commendable legislative framework that recognises many rights of Afro-Colombians (...) However, it is equally clear to me that more must be done to protect vulnerable communities and their leaders who continue to be threatened and killed on a regular basis".

Ms. McDougall stated that that violence, internal displacement and dispossession continued to be biggest problems on Afro-Colombian communities. The independent expert also evidenced the contradictions between economic national and multinational interest and the rights of Afro-Colombian communities. "(...) In the face of such economic interests and megaprojects it appears that the rights of communities are “inconvenient rights” and that the laws put in place to protect them are equally inconvenient", voiced the statement.

Read the complete statement at http://www.afrocolombians.com/pdfs/independentexpertonminorities-Feb2010.pdf

Find more about the independent expert and the UN mandate on her role: http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm